La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) es un símbolo de educación pública en la Región Centro desde 1974. A lo largo de los años, estudiantes y docentes han luchado por mantener su autonomía y gratuidad, desde las protestas contra las políticas neoliberales de los 90 hasta las demandas actuales por mejores salarios y presupuestos en medio de los ataques libertarios a la enseñanza universitaria. Hoy, a pesar del desfinanciamiento y nuevos desafíos, la universidad sigue representando una oportunidad de movilidad social.
Creada en 1974 mediante la Ley 20.753, la UNICEN es el resultado de los esfuerzos por integrar las estructuras universitarias de Tandil, Olavarría y Azul en una sola institución de alcance nacional. Su génesis se remonta a 1964, con la creación del Instituto Universitario de Tandil, impulsado por figuras como el Dr. Osvaldo Zarini. Este instituto privado inició sus actividades con la Facultad de Ciencias del Hombre, seguida por las Facultades de Ciencias Económicas y Físico-Matemáticas en 1965, y Ciencias Veterinarias en 1969.
En Olavarría, el Instituto Universitario surgió en 1969 gracias al apoyo de la Fundación Fortabat y el gobierno local. Esta institución estaba académicamente vinculada a la Universidad Nacional del Sur, y contaba con los departamentos de Ingeniería y Ciencias Económicas.
Entre 1970 y 1975, tanto el Instituto Universitario de Olavarría como la Universidad de Tandil enfrentaron graves problemas, tanto por conflictos entre los integrantes de la institución educativa como por cuestiones presupuestarias, que llegaron a la realización de un remate de los bienes «no imprescindibles» para pagar los sueldos y los gastos de funcionamiento de la sede.
En 1973, Azul incorporó el Departamento de Agronomía, dependiente de Olavarría y también adscripto a la Universidad Nacional del Sur. El 9 de octubre de 1974, la presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto que oficializó la creación de la UNICEN como universidad nacional. Así, en Tandil se mantuvo la Facultad de Ciencias Veterinarias, y surgieron las facultades de Humanidades, Ciencias Exactas y Ciencias Económicas que fue sustraída a Olavarría, donde el departamentos de Ingeniería se convirtió en facultad, y en Azul comenzó a funcionar la Facultad de Agronomía, así como la sede en Quequén (1996).
Posteriormente se sumaron las carreras de Derecho en Azul y de Salud en Olavarría en 2002. Desde su fundación, la universidad ha crecido no solo en términos académicos, sino también como un espacio de lucha constante en defensa de la educación pública.
La reconstrucción de los ochenta
Tras la larga noche de la dictadura, las instituciones universitarias debieron acometer una lenta reconstrucción a partir de 1983. En un principio, estudiantes y docentes se enfocaron en la recuperación de la institucionalidad democrática y la lucha por los derechos humanos, creando y en algunos casos refundando, centros y federaciones estudiantiles. El crecimiento acelerado de la matrícula universitaria a partir de 1984, impulsado por la eliminación de los cupos y aranceles impuestos por gobierno militar no fue acompañado por un financiamiento adecuado, lo que llevó a una disminución abrupta de los recursos asignados por alumno y un deterioro denunciado de las condiciones materiales de trabajo para docentes y no docentes.
Como resultado, las huelgas y paros docentes se sucedieron durante la segunda mitad de la década, alterando significativamente el funcionamiento del sistema universitario. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), creada en 1985, jugó un papel central en la lucha por la recomposición salarial y la normalización de las universidades.
En cuanto al ingreso irrestricto, un tema por entonces en debate, si bien la mayoría de las universidades levantaron las restricciones de entrada impuestas por la dictadura, la presión por el acceso abierto generó nuevos problemas en el sistema, especialmente en las grandes universidades, donde se intensificó el aumento de la matrícula, que no fue acompañado con la de asignación de nuevos recursos para atender a la creciente demanda.
En otro aspecto corría el desfinanciamiento de la investigación científica: La dictadura militar había afectado negativamente el rol de la universidad en la vida científica y cultural del país, y si bien la investigación científica fue retomada como una tarea esencial tras el retorno a la democracia, el desfinanciamiento progresivo del sistema sucedido durante la presidencia de Alfonsín afectó su desarrollo.
Luchas en los años noventa: resistencia ante el ajuste neoliberal
Los noventa fueron una década de gran tensión para la educación superior argentina, y la UNICEN no fue la excepción. El gobierno de Carlos Menem con su Profunda reforma del Estado implementó políticas neoliberales que buscaban reducir el gasto público, introduciendo la posibilidad de arancelar la educación superior. Esto generó una fuerte oposición de la comunidad universitaria frente a la ruptura del modelo de Estado benefactor en la relación entre universidades y gobierno.
Los ejes principales del proyecto menemista fueron el fomento a la creación de universidades privadas, la descentralización salarial docente, el impulso a la diversificación de la oferta universitaria (institutos universitarios, colegios universitarios), el financiamiento a través de programas específicos y fondos competitivos (FOMEC, etc.), el desarrollo de sistemas de información para la gestión universitaria y la expansión del sistema de posgrado.
El ajuste presupuestario afectó tanto a estudiantes como a docentes, y las movilizaciones en defensa de la educación pública se multiplicaron. En la UNICEN, las protestas en facultades y los cortes de rutas se convirtieron en formas de protesta recurrentes.
En abril de 1994 una Asamblea de docentes constituyó la asociación gremial, que adoptó el nombre de ADUNCe. El Estatuto que la regiría fue presentado por los delegados de la facultad de Ciencias Humanas y se abrió un período de afiliación previo a la elección de sus autoridades.
El ajuste presupuestario afectó tanto a estudiantes como a docentes, y las movilizaciones en defensa de la educación pública se multiplicaron. En la UNICEN, las protestas en facultades y los cortes de rutas se convirtieron en formas de protesta recurrentes. En 1995, la comunidad universitaria se unió a la “Marcha Federal Universitaria” surgida en rechazo a la Ley de Educación Superior, promovida conjuntamente con la CONEAU para la evaluación y acreditación universitaria.
Este esquema promovía la mercantilización del conocimiento, ya que planteaba la educación universitaria como “un servicio” y no como un derecho. Las 33 universidades nacionales de entonces fueron ocupadas por los estudiantes, el rectorado en Tandil fue tomado por una semana, y hubo una multitudinaria movilización al Congreso el día que la norma fue debatida.
La ley abría la posibilidad del arancelamiento, pero las sucesivas luchas y movilizaciones de la comunidad universitaria, impidieron su concreción. Estudiantes y docentes alzaron sus voces en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad, exigiendo más presupuesto, mejoras edilicias y salariales, así como mejores condiciones de acceso a la salud.
El nuevo milenio: crisis y movilización
La crisis de 2001 impactó fuertemente a la UNICEN, profundizando los problemas económicos y sociales ya existentes. Las universidades públicas enfrentaron entonces una mayor precarización laboral y falta de recursos, lo que llevó a una intensa movilización tanto de docentes como de estudiantes. Las asambleas populares, que surgieron en respuesta al colapso económico, encontraron eco en las aulas de la UNICEN, donde se debatió el papel de la universidad en la sociedad.
El Gobierno de la Alianza formalizó un Intento de unificar los subsistemas universitario y no universitario, dio prioridad a la articulación entre niveles educativos y la atracción de las ofertas técnicas. En ese contexto se destacó la Comisión Juri, encargada de la Elaboración de un informe diagnóstico y propositivo para el sector, que implicaba cuestiones como el financiamiento, el ingreso y el egreso, la calidad, el desarrollo de colegios universitarios, la organización curricular e institucional, y otras reformas para el sistema universitario, que se articulaban en que El ministerio de educación proponía que los padres de los alumnos pagaran un plus sobre Ganancias.
En la antesala de la caída de Fernando de La Rúa, se pretendió imponer un fuerte programa de ajuste sobre el sistema universitario y otra vez una activa movilización lo frenó. Ricardo López Murphy, efímero ministro de Economía de la Alianza, que planteó la necesidad de aplicar recortes al sistema debió presentar su renuncia al cabo de 16 días de gestión, en los que propuso el recorte del 13% de los presupuestos y por ende de los salarios universitarios.
A partir de 2002, las luchas se centraron en la demanda de un presupuesto adecuado y salarios dignos para los docentes. Este período también fue de reconstrucción, con el surgimiento de nuevas formas de militancia estudiantil y la consolidación de la universidad como un espacio de debate político.
Post-crisis y la expansión de derechos
Posteriormente a 2003, la política educativa en Argentina comenzó a cambiar. La inversión en educación creció, y la UNICEN se benefició de un mayor presupuesto, lo que le permitió expandir su oferta académica y mejorar sus infraestructuras. Las luchas durante este período se orientaron hacia la defensa de los derechos adquiridos y la democratización del gobierno universitario.
Se discutieron temas como el cupo femenino en cargos de poder y la relación de la universidad con las comunidades locales. Los docentes continuaron su lucha por mejores condiciones laborales, consolidándose la figura del docente-investigador, que buscaba equilibrar la enseñanza con la producción de conocimiento.
Área de Prensa de la Secretaría de Relaciones Institucionales.
El kirchnerismo impulsó la creación de numerosas universidades nacionales en varias localidades del país, lo que posibilitó que muchos jóvenes fueran los primeros en sus familias en acceder al nivel educativo superior. “Esa locura de universidades por todas partes”, como alguna vez lamentó el expresidente Mauricio Macri, sentó las bases de una nueva conciencia estudiantil, en el marco de un crecimiento del sistema universitario que algunos postulan como desordenado.
En los años 2005 y 2006 se realizó una intensa lucha luego de la cual se consiguió el blanqueo de todas las sumas no remunerativas, pasando ADUNce a ser el único gremio del Estado que obtuvo esta conquista, logro obtenido después de varias movilizaciones y paros, entre ellos uno que duró un mes y medio.
A partir del 2006, se intensificaron los conflictos por la democratización de las universidades. Se cuestionó la legitimidad de los estatutos universitarios, la composición de los órganos de gobierno y los procesos eleccionarios. La toma del Rectorado de la UBA en 2006 por parte de la FUBA, en rechazo a la designación de un rector cuestionado por su pasado durante la dictadura, fue un ejemplo de esta lucha por la democratización. Al tiempo entraron en crisis las agrupaciones estudiantiles moderadas y surgieron nuevas formas de protesta.
En ese período comenzó el debate sobre la reforma de la Ley de Educación Superior con acuerdos entre rectores para la futura ley, que contemplaban el carácter público de la educación superior, gratuidad, autonomía, etc. También se registró la implementación de programas con financiamiento para planes de desarrollo institucional. Un logro que llevó años de lucha, fue la sanción de las leyes de jubilación 26.508 y 22.929 que significaron el 82% y el 85% móvil. Posteriormente se consiguió la reconversión de las dedicaciones de módulos a nomenclador nacional en 2009, la Reglamentación de Carrera Académica en Julio 2011 por resolución de Asamblea Universitaria y el Convenio Colectivo de Trabajo en Mayo de 2015.
Crisis económica y desafíos contemporáneos
El gobierno de Mauricio Macri, a partir de 2016, trajo nuevos desafíos para la UNICEN. Los recortes presupuestarios y los tarifazos golpearon fuertemente a la universidad pública. Las protestas en defensa del presupuesto universitario y los derechos laborales se intensificaron.
El 2018 fue un año difícil, con paros docentes prolongados y una gran movilización nacional por la universidad pública, en la que la UNICEN tuvo un rol activo. Estudiantes y docentes llevaron adelante clases públicas, tomas, marchas multitudinarias y actividades culturales que visibilizaban el reclamo por mayor presupuesto y mejores condiciones laborales.
La pandemia de COVID-19 en 2020 agregó nuevos obstáculos. La virtualización forzada de las clases expuso las desigualdades en el acceso a la tecnología, lo que generó reclamos por parte de estudiantes por la brecha digital que afectaba a los sectores más vulnerables, mientras que los docentes debieron adaptarse rápidamente a nuevas formas de enseñanza sin recibir los apoyos adecuados en términos de capacitación y tecnología.
Contemporáneamente surgieron nuevas demandas, como la necesidad de una mayor articulación entre la universidad y el sistema productivo, la inclusión de la perspectiva de género en la educación superior y la atención a las problemáticas ambientales.
Click en la foto para acceder a un registro aleatorio de las luchas de la UNICEN
Desafíos actuales
En la actualidad, y frente al desfinanciamiento y las acusaciones de adoctrinamiento lanzadas por la gestión libertaria, las movilizaciones en la UNICEN están atravesadas por un contexto económico aún más complejo, que aúna la necesidad de repensar el rol de la universidad pública en un mundo post-pandémico con un gobierno que no tiene como prioridad a la educación pública, y estudiantes que enfrentan un escenario de lucha con prácticas que desconocen, como las históricas asambleas. En un sentido contrario, aplican el uso de plataformas y redes sociales a la movilización de sus integrantes.
Los docentes siguen reclamando mejoras salariales y condiciones laborales dignas, así como mejores presupuestos para el funcionamiento académico. En la actualidad mientras un sector de los estudiantes solamente avizora una salida individual y descree de la articulación colectiva, los estudiantes, organizados en centros y federaciones, continúan defendiendo la gratuidad de la educación y el acceso igualitario que ha sido siempre distintivo de la educación universitaria en Argentina.
