La brutal agresión a un vecino en La Elena y la disputa legal por el loteo Montecristo exponen la peligrosa inacción municipal frente al avance inmobiliario ilegal en Zonas Protegidas. La Asamblea por la Preservación de las Sierras exige el cumplimiento irrestricto del Plan de Desarrollo Territorial para frenar la escalada de violencia social y el daño ambiental irreversible.

El inicio de 2026 en Tandil ha quedado marcado por un gravísimo hecho de violencia que transformó una preocupación ambiental en un problema de seguridad pública. Un vecino del barrio La Elena fue brutalmente golpeado, terminando hospitalizado, simplemente por cuestionar una intervención indebida en la manzana 215 R. La víctima había increpado a quienes avanzaban con obras en un área delimitada por las calles Chimango, Cima, Pavón y Giacone, recibiendo como respuesta una dura golpiza. Este episodio, lejos de ser aislado, es la consecuencia directa de lo que las organizaciones civiles denuncian como una sistemática «falta de voluntad de control» por parte del Estado municipal.

La irregularidad en La Elena es flagrante y visible para cualquiera de acuerdo al comunicado de la Asamblea, excepto —aparentemente— para las autoridades. En la manzana en cuestión, la normativa vigente exige una subdivisión mínima de 15.000 metros cuadrados (una hectárea y media). Sin embargo, se han constatado alambrados y publicidad para la venta de 30 lotes de dimensiones reducidas, una maniobra que viola abiertamente el Plan de Ordenamiento vigente. A pesar de las denuncias policiales y de que las propias autoridades admitieron tras el ataque que dicho loteo «no está habilitado», las obras avanzaron sin freno hasta el desenlace violento, evidenciando que el municipio «no ve los alambrados ni la apertura de calles» hasta que el conflicto estalla.

Este clima de anomia se replica en otro foco de conflicto que ha cobrado relevancia mediática: el loteo en la Chacra 274, conocido como Montecristo, ubicado frente a la ex cantera pasando El Centinela. Allí convergen disputas sobre la propiedad de la tierra —con posibles herencias vacantes que deberían pasar al dominio público— y sobre los procedimientos administrativos que, según la Asamblea por la Preservación de las Sierras, carecen de la debida transparencia. Al igual que en La Elena, el nudo del problema es la violación de los usos permitidos en una Zona Natural Protegida.

Desde el punto de vista legal, la postura de las organizaciones defensoras del patrimonio serrano es contundente: la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 8912/77) y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) aprobado en 2005 son de orden público y cumplimiento obligatorio. En el caso de la Chacra 274, al ser área rural y protegida, la normativa actual no permite aprobar la construcción de más de una vivienda en todo el predio, siempre que se ubique por debajo de la cota de 280 metros sobre el nivel del mar. Cualquier intento de urbanización masiva en ese sector contradice el marco legal que rige en la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los argumentos utilizados frecuentemente por los desarrolladores inmobiliarios en estas zonas es la antigüedad de los loteos originales. En el caso de Montecristo, el loteo data de 1948. Sin embargo, la normativa es clara al establecer que no existen «derechos adquiridos» a construir si no hay permisos de obra vigentes o construcciones iniciadas legalmente antes de la sanción del PDT. Al no haber permisos activos, el uso del suelo debe adecuarse estrictamente a lo que dictan las leyes hoy: preservación del entorno serrano y restricción del uso residencial intensivo.

La inacción estatal, calificada por los vecinos como una política de «dejar hacer», es señalada como la principal responsable de la multiplicación de estos problemas. A pesar de que desde julio de 2025 se alertó a los concejales sobre la oferta de condominios ilegales en zonas protegidas, y aunque estos prometieron informar a la comunidad para evitar estafas, el 2026 comenzó sin respuestas oficiales y con una invasión urbana acelerada sobre las sierras. El municipio no solo no responde a los reclamos, sino que su ausencia en el rol de regulador genera el caldo de cultivo para las estafas inmobiliarias y los enfrentamientos entre vecinos.

Las consecuencias de esta desidia administrativa ya no se miden solo en hectáreas de paisaje degradado, sino en la ruptura de la convivencia social. «Cuando el Estado no ejerce responsablemente su rol de regulador… se generan condiciones para la profundización de los conflictos», advierte la Asamblea. La violencia física sufrida por el vecino de La Elena es el síntoma más alarmante de un sistema donde la ley parece ser optativa y donde quienes defienden la legalidad quedan desamparados frente a la agresividad de los intereses particulares.

Frente a este escenario crítico, para la Asamblea la exigencia ciudadana es clara: el municipio debe arbitrar todos los medios para retrotraer las acciones irregulares, tanto en La Elena como en Montecristo, y asistir legalmente a la persona agredida. Resulta imperioso que se habilite un canal accesible y transparente para que la población pueda verificar la legalidad de los loteos antes de comprar.

Solo garantizando la igualdad ante la ley y la aplicación efectiva del Plan de Desarrollo Territorial se podrá recuperar la transparencia, proteger las sierras y, fundamentalmente, asegurar la paz social en Tandil.