Bajo la consigna de la cuarta «Marcha Federal Universitaria: 203 días sin aplicar la ley», miles de olavarrienses se movilizaron por las calles de la ciudad para denunciar el desprecio institucional del Gobierno nacional hacia la educación pública y la división de poderes. La jornada visibilizó una crisis que no es solo presupuestaria, sino que afecta el contrato social vigente hace décadas, y que conforma uno de los pilares de la movilidad social ascendente en Argentina.

La comunidad académica de Olavarría, integrada por sus facultades y escuelas nacionales, encabezó este martes 12 una multitudinaria marcha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. La movilización denunció que el Poder Ejecutivo ignora esta normativa sancionada por el Congreso y desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata. Este acto de desprecio institucional fue calificado como una ruptura del acuerdo democrático que mantiene a la nación en un estado de derecho.

La movilizacion, que se extendio a lo largo de varias cuadras exhibió una heterogeneidad apoyada en la amplitud del apoyo a la lucha universitaria. Descollaron las diferentes banderas y pancartas, así como carteles con frases ingeniosas que aludían a la convicción de quienes caminan el ancho sendero de la educación pública en Argentina y ejemplares de la constitución exhibidos con orgullo.

En términos económicos, el documento leído durante la jornada reveló una situación crítica: las transferencias a las universidades nacionales sufrieron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Asimismo, se destacó que el poder adquisitivo destinado a gastos de funcionamiento no ha superado el 64% de lo registrado en enero de 2023, lo que equivale a la pérdida de casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual.

La política salarial también fue un eje central del reclamo, denunciando una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%. Con una inflación del 293,30% frente a un incremento salarial de apenas el 147,30%, los salarios universitarios se ubican hoy en su nivel más bajo de los últimos 23 años. Esta degradación, que equivale a la pérdida de casi 11 salarios en el período considerado, pone en riesgo la permanencia de cuadros formados y la sustentabilidad de las obras sociales y el sistema de salud.

El deterioro se extiende al sistema de becas, fundamental para garantizar el derecho a la educación superior de los sectores populares. El congelamiento de las Becas Progresar y el desfinanciamiento de las Becas Manuel Belgrano y las destinadas a vocaciones científicas (EVC) están expulsando a miles de estudiantes del sistema. La comunidad advirtió que, sin estas políticas de acompañamiento, se profundizan las desigualdades sociales y se lesiona el horizonte de prosperidad del país.

Finalmente, el Frente Sindical, la FUA y el CIN realizaron un llamado directo a la Corte Suprema de Justicia para que escuche el reclamo de las plazas y obligue al Estado a cumplir con su obligación de financiar la universidad pública. La jornada concluyó reafirmando que la educación pública, gratuita y federal es un recurso estratégico para la industria nacional y la soberanía científica, instando a defender a sus trabajadores y estudiantes para que el futuro del país no sea «solo un sueño».

En Olavarría la convocatoria reunió a autoridades, docentes, estudiantes y no docentes de las tres casas de estudio -Ingeniería, Sociales y Salud- del jardín Upa La La y la Escuela Nacional «Pérez Esquivel«. Se sumaron a la marcha representantes de distintos gremios, entre ellos Suteba, Ate y Centro Empleados de Comercio.

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La cita fue a las 16.30 en el Centro Cultural Universitario y desde allí, en San Martín y Chacabuco, partió la protesta hacia el centro de la Ciudad, tras cruzar el arroyo a la altura de la calle Coronel Suárez. La bandera que encabezó la movilización tenía la inscripción «Exigimos que cumpla la ley» y fue portada por autoridades, docentes y estudiantes de las facultades locales.

Tras recorrer las calles céntricas, la marcha, que se extendió a través de casi tres cuadras, desembocó en el Paseo Jesús Mendía donde se dio lectura al documento de la jornada y finalmente, la comunidad universitaria en su conjunto le solicitó a la Corte Suprema que «acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario«.

El texto fue leído por Gustavo Flensborg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales; Laura Ayesa, representante nodocente; Ludmila Adad, representante docente de Adunce; y los representantes estudiantiles Lucía Sierra, Diego Tarántola y Julieta Mondragón como portavoces de las tres unidades académicas de la Unicen en la ciudad.

Luego de la lectura del documento unificado con todas las universidades del país, se apuntó especialmente a la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud que permanece paralizada desde hace meses. “En salud estamos viviendo una situación crítica”, advirtió una estudiante de la casa que se dirigió a los manifestantes.

La movilización se extendió a lo largo de varias cuadras y se convirtió en una de las manifestaciones más multitudinarias vinculadas a la defensa de la universidad pública en la ciudad. La convocatoria se replicó en distintos puntos del país y reunió a estudiantes, docentes, no docentes, gremios y referentes políticos. En el ámbito local participaron las facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud de la UNICEN, además de escuelas preuniversitarias y organizaciones sindicales.

La marcha expresó el rechazo a los recortes presupuestarios y a las políticas de ajuste sobre el sistema universitario nacional. Los manifestantes reivindicaron el rol de la universidad pública como herramienta de acceso al conocimiento, movilidad social y formación profesional, y señalaron que la situación presupuestaria pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones y las condiciones de cursada.

La importante convocatoria demuestra que para muchos la universidad pública no es solo un presupuesto en una planilla, sino que debe ser el contrato social y el instrumento de justicia social más sagrado que hemos sabido construir en este país. Mientras desde el gobierno intentan asfixiar tantos sueños de ascenso social con recortes y desprecio institucional, una multitud respondió con la alegría de la unidad y la firmeza de la convicción: la esperanza no se veta y la educación no se negocia.

En ese sentido, esta movilización es un paso más en un largo camino, junto a la confirmación de una voluntad inquebrantable. Porque el futuro de prosperidad que soñamos se escribe en las aulas y se defiende en las plazas. Como expresaban las consignas y cantos: ¡La universidad pública se defiende, hoy y siempre!.

Nota realizada con reporteo humano y asistencia de IA
Imagenes de Tefa Schegtel Torres y Jorge Arabito