A 11 años de la primera movilización nacional, varios cientos de personas se movilizaron por el centro de la ciudad en consonancia con la convocatoria nacional. El reclamo central apuntó contra el mal accionar estatal frente a los femicidios más recientes ocurridos en diferentes lugares del país. Las manifestantes apuntaron contra la complicidad de un Estado que llega tarde y repudiaron el intento de otorgar prisión domiciliaria a un femicida local.
El centro de la ciudad se convirtió este miércoles en un escenario de resistencia y memoria colectiva. Una columna de más de cuatro cuadras de extensión, integrada por mujeres y hombres de todas las generaciones, jóvenes, organizaciones sociales y vecinos, marchó para demostrar que la rabia y la exigencia de justicia siguen más vivas que nunca frente a una violencia machista que no da tregua.
La jornada comenzó por la tarde en el Paseo Jesús Mendía, el punto de encuentro donde se leyó un duro documento que sintetizó el cansacio generalizado en forma de declaración unificada. Las voces se alzaron para denunciar la desidia judicial y la desprotección a la que el Estado somete a las víctimas al ignorar denuncias, dilatar los tiempos y trabar la aplicación de los protocolos de emergencia previstos por la normativa vigente. «Las acciones de la Justicia no se adecúan a la urgencia, cada 30 horas nos matan«, expresaron con dolor y rabia.
El documento subrayó con preocupación la regularidad de los crímenes a nivel federal, citando las muertes de tres jóvenes ocurridas durante la última semana. El impacto de los crímenes recientes de Agostina Vega (14 años) en Córdoba, Dulce María Candia (17 años) en Misiones, y Noelia (30 años) en Temperley —quien llegó a pedir auxilio al 911 mientras estaba secuestrada— sobrevoló la marcha como un recordatorio de que el sistema sigue fallando.
El texto cuestiona las declaraciones de la ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra Monteoliva, quien calificó como «homicidio» el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Las organizaciones consideran que esa definición desconoce el carácter de femicidio del caso y reclamaron la destitución de los fiscales intervinientes, además de la renuncia del ministro de Seguridad provincial.
A nivel nacional, la proclama expuso que desde 2015 se registran 3.205 muertes letales por violencia de género en el país y en ese sentido acusó al Gobierno de Javier Milei de ejercer un «antifeminismo de Estado» por vaciar los presupuestos de prevención, negar la problemática social de los femicidios e intentar recortar derechos esenciales como la Educación Sexual Integral (ESI) y el acceso al aborto legal. Las organizaciones también ligaron la violencia con el ajuste económico y rechazaron los proyectos legislativos que buscan silenciar las denuncias por abuso.
El comunicado vincula además la violencia machista con la situación económica y social del país. Las organizaciones cuestionan la reforma laboral, las políticas de ajuste y los acuerdos con el FMI, al considerar que profundizan la precarización y el endeudamiento de los hogares. También denunciaron las condiciones de trabajo de referentes comunitarias en barrios populares y repudiaron la criminalización de la protesta social. El documento concluye con una convocatoria a la organización colectiva y a la movilización en las calles para enfrentar lo que define como un modelo «machista, racista y saqueador».
La columna integrada por diversos movimientos marchó por la calle Rivadavia hasta Coronel Suárez y luego por allí hacia la 9 de julio, haciendo una parada frente a la Comisaría de la Mujer local. Allí, el grito de «¡Presente!» retumbó con fuerza tras la lectura de los nombres de cada una de las víctimas locales de las últimas dos décadas. Posteriormente regresaron a la plaza Central, donde frente a las escalinatas de la Municipalidad se abrió el microfóno para quien quisiera expresarse.
La movilización de este año estuvo atravesada por la indignación respecto a la falta de justicia frente a un crimen local: el intento de Juan Horacio Báez de abandonar la cárcel. Condenado en 2024 a 12 años de prisión por el femicidio de Marcela Gómez, el asesino presentó un pedido para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. El documento de la marcha fue tajante al respecto, rechazando cualquier intento de flexibilizar la pena: «Exigimos que cumpla toda su condena en cárcel común«.
El momento de mayor de mayor emoción se vivió cuando María José Barrera, madre de Marcela Gómez, exigió en el Paseo Jesús Mendía que los jueces no dejen a su hija sin justicia. Las organizaciones repudiaron enérgicamente la solicitud de morigeración de pena presentada por la defensa del reo para acceder al beneficio de prisión domiciliaria basandose en supuestos problemas de salud, exigiendo que el castigo continúe ejecutándose bajo régimen cerrado en un penal común.
La madre de la víctima tomó el micrófono para expresar la desesperación de su familia ante la posibilidad de que el Poder Judicial otorgue ese privilegio, advirtiendo a las autoridades que recurrirá a medidas extremas de protesta física si la judicatura decide flexibilizar las condiciones de detención del reo.
Finalmente, las organizaciones alertaron sobre el el desmantelamiento de los esquemas de asistencia integral y los recortes presupuestarios que afectan de forma directa a los programas de prevención e interrupción legal del embarazo. En el mismo sentido, acusaron al gobierno nacional de promover discursos de odio, negar la problemática social de los femicidios y asfixiar presupuestariamente los programas de prevención y acompañamiento integral.
La marea humana se desconcentró con la firme promesa de no abandonar las calles ni permitir que la crueldad institucional siga cobrándose vidas. La movilización de este 3 de junio en Olavarría dejó en claro que el movimiento de mujeres no ha perdido un centimetro de su fuerza de convocatoria, consolidandose como una sólida articulación de diversos sectores de la sociedad comunidad en un momento político e institucional especialmente hostil para los colectivos sociales.
“¡Ni una menos: vivas, libres y desendeudadas nos queremos!” Fue el mensaje final de la multitudinaria marcha convocada por el colectivo #NiUnaMenos ayer, 3 de junio. Como hace 11 años, el reclamo es el mismo: El derecho a estar vivas y a una vida digna.
La evaluación de la jornada de movilización, tanto en Olavarría como en ciudades de todo el país muestra un panorama contundente: ante el evidente vaciamiento de las políticas oficiales de prevención y los tiempos de una Justicia que suele llegar tarde, la calle, en palabras de una de las convocadas, se ha convertido en el último lugar de resistencia civil que las mujeres no abandonarán. El colectivo feminista vuelve a interpelar a la sociedad como el movimiento político más contundente y vital surgido en los últimos años.
Nota realizada con reporteo humano y asistencia de IA
Imagenes de Tefa Schegtel Torres y Jorge Arabito
